Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
En la Septuagésima Novena Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra, los Estados Miembros adoptaron más de 20 decisiones y 13 resoluciones sobre cuestiones de salud, entre ellas el accidente cerebrovascular, las enfermedades hepáticas, la tuberculosis y la resistencia a los antimicrobianos. La Asamblea también abordó asuntos políticos y administrativos, y acordó reformar la arquitectura sanitaria mundial mediante un proceso conjunto liderado por los Estados Miembros y auspiciado por la OMS.
En sus palabras de clausura, el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que el impacto de las resoluciones depende de su aplicación práctica. Hizo hincapié en la necesidad de compromiso político, financiación sostenida y cooperación entre los Estados Miembros, los socios y las comunidades para lograr resultados eficaces en materia de salud.
Entre las resoluciones, los Estados Miembros aprobaron importantes enmiendas al Código de Prácticas Mundial de la OMS sobre la Contratación Internacional de Personal Sanitario. Estos cambios, tras las consultas dirigidas por los Estados Miembros antes de la Asamblea, tienen por objeto garantizar la disponibilidad de personal sanitario y de atención social accesible, competente y motivado en todo el mundo, en apoyo de la cobertura sanitaria universal y la seguridad sanitaria mundial.
Las principales modificaciones al Código incluyen nuevas disposiciones para el personal sanitario contratado internacionalmente como cuidador y aclaraciones sobre su aplicación en situaciones de emergencia. El Código también fomenta ahora la coinversión en sistemas de salud y en la fuerza laboral, de modo que la contratación internacional beneficie tanto a los países de origen como a los de destino.
Estas enmiendas fueron recomendadas por un Grupo Asesor de Expertos designado por el Director General de la OMS. El informe final del Grupo reconoció la necesidad de mejores datos sobre el personal sanitario, mejoras en los derechos de los trabajadores sanitarios migrantes y una mayor integración de los principios éticos de contratación en las políticas nacionales.