Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
El presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva para aumentar la rendición de cuentas entre los altos funcionarios federales que influyen en las decisiones políticas. La orden reclasifica aproximadamente 8000 puestos de alto nivel con influencia en las políticas públicas dentro de la categoría de Política/Carrera, una categoría que incrementa la rendición de cuentas al tiempo que mantiene estos cargos como puestos de carrera con procedimientos de contratación no partidistas y de estatus competitivo.
La reclasificación implica que los empleados en estos puestos pasan a ser empleados a voluntad y pueden ser destituidos por bajo rendimiento, mala conducta, corrupción o incumplimiento de las directivas presidenciales, sin los largos trámites burocráticos típicos de las destituciones de empleados federales. Las decisiones de destitución se tomarán sin tener en cuenta la afiliación política.
Según la ficha informativa, el 97 % de los puestos reclasificados corresponden a los niveles salariales GS-15 o de nivel superior, que representan los rangos profesionales más altos fuera del Servicio Ejecutivo Superior. Estos incluyen directores de agencia, subdirectores, jefes de gabinete, asesores sénior, analistas de políticas y aquellos que se dedican a la redacción de reglamentos, asuntos públicos, asuntos legislativos y a la toma de decisiones relacionadas con subvenciones federales.
La Orden Ejecutiva busca abordar un sistema de personal federal que se describe como difícil de gestionar en cuanto a su desempeño, señalando que las normas de personal vigentes hacen que la destitución de empleados sea un proceso lento, que a menudo dura un año o más debido a las apelaciones. Esta dificultad ha creado desafíos para exigir responsabilidades a los altos funcionarios, incluso en casos de bajo rendimiento u oposición a las prioridades presidenciales. El documento también señala que, durante la primera administración Trump, algunos altos funcionarios federales supuestamente se negaron a colaborar en ciertos asuntos políticos debido a desacuerdos personales, incluyendo cuestiones relacionadas con los enjuiciamientos por discriminación racial y la reforma del Título IX.
La medida pretende corregir lo que se describe como un sistema defectuoso, al restablecer la capacidad de los funcionarios electos para exigir responsabilidades a los altos cargos de carrera por su conducta y desempeño, de acuerdo con la agenda de la administración.
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