Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
El gobierno federal ha aclarado que los acuerdos o políticas de confidencialidad con empleados actuales o exempleados no anulan ni modifican las protecciones para denunciantes establecidas por ley y por decreto ejecutivo. Esta declaración se ajusta a la Ley de Mejora de la Protección de los Denunciantes de 2012, vigente desde el 27 de diciembre de 2012.
Esta aclaración subraya que las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de los empleados en relación con la información clasificada, las comunicaciones con el Congreso y los informes a los Inspectores Generales sobre actos ilegales, abuso de autoridad o amenazas significativas a la seguridad siguen estando plenamente protegidos, independientemente de cualquier cláusula de confidencialidad.
Entre las órdenes ejecutivas y leyes pertinentes se incluyen la Orden Ejecutiva n.º 13526 sobre información clasificada de seguridad nacional, el Título 5 del Código de los Estados Unidos, Sección 7211, que regula las divulgaciones al Congreso, y el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Sección 1034, sobre denunciantes militares. Se establecen protecciones adicionales en virtud de leyes relativas a las divulgaciones no autorizadas que podrían poner en peligro la seguridad nacional, como por ejemplo, ciertas disposiciones del Título 18 y la Ley de Control de Actividades Subversivas de 1950.
Para obtener más información, el comunicado remite a los lectores a los recursos proporcionados por la Oficina del Asesor Especial.