Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, anunció que no celebrará las elecciones previstas para el próximo año. Esta decisión se produce tras las reiteradas preocupaciones expresadas por la ONU sobre el clima político del país y las restricciones a las libertades. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó estos hechos, afirmando que perjudican aún más el proceso democrático y el espacio cívico de Nicaragua.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nicaragua mantiene actualmente a 46 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Asimismo, se han revocado las credenciales de abogados sin explicación alguna, lo que contribuye a graves restricciones de las libertades fundamentales y al debilitamiento del Estado de derecho.
Bajo el liderazgo de Ortega, que se reanudó en 2007 y ahora implica una presidencia compartida con su esposa Rosario Murillo desde 2025, el poder político está estrictamente controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FNL), que domina el parlamento, los gobiernos municipales y los consejos regionales. Entre las medidas denunciadas se incluyen la extensión del mandato presidencial, el debilitamiento de los controles y equilibrios, y cambios constitucionales que eliminan las prohibiciones a la tortura.
El secretario general António Guterres expresó su preocupación por el continuo deterioro de las libertades políticas y cívicas en Nicaragua. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno a tratar a los presos con humanidad, reabrir el espacio cívico, poner fin a la represión política y cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, permitiendo la participación política y liberando a los detenidos.
Otros informes detallan el desmantelamiento de la sociedad civil, las restrictivas normas de elegibilidad electoral, la violencia generalizada de género y los graves abusos contra los detenidos, citando un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de 2025 y haciendo referencia a la represión de las protestas masivas de 2018 que provocó más de 300 muertes.