Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
Según la Casa Blanca, tras lo que describe como "peligrosas políticas de fronteras abiertas" implementadas por los demócratas, el presidente Trump reforzó la seguridad fronteriza con un mínimo histórico de cruces ilegales, cumpliendo así su promesa de hacer que las comunidades sean más seguras y reducir la delincuencia. A pesar de estas afirmaciones, los demócratas en el Congreso han bloqueado la financiación del personal involucrado en las operaciones de seguridad fronteriza.
La Ley de Seguridad en Estados Unidos se presenta como una legislación para financiar completamente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos hasta el final del mandato del presidente Trump. La ley busca proporcionar los recursos necesarios para asegurar la frontera, combatir la trata de personas, detener el narcotráfico, desmantelar los cárteles criminales y hacer cumplir las leyes de inmigración.
Tras la aprobación de la ley en el Senado, todos los senadores demócratas votaron en contra. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, se perfila como el principal obstáculo para su entrada en vigor, y se prevé que la oposición continúe.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, hizo hincapié en la necesidad de que se apruebe la ley para que los agentes del ICE y del CBP puedan llevar a cabo sus misiones de manera eficaz, señalando que los fondos se han retenido durante más de 100 días, lo que calificó de "intento radical" de proteger a "inmigrantes ilegales violentos y delincuentes" y contrarrestar los esfuerzos del presidente Trump en materia de seguridad fronteriza.
El zar de la frontera, Tom Homan, declaró que la armonización de la ley destinaría unos 70.000 millones de dólares para mantener las operaciones hasta el final de la administración Trump. Añadió que la financiación adicional mejoraría las labores de control y apoyaría a los contratistas operativos.
Los gobernadores republicanos y las asociaciones de fiscales generales estatales han expresado su apoyo a la ley. La Asociación de Gobernadores Republicanos insta a su pronta aprobación para garantizar la financiación sostenida de la CBP y el ICE, mientras que la Asociación de Fiscales Generales Republicanos subraya la importancia de una sólida colaboración federal para la seguridad ciudadana, afirmando que la retención de recursos socava las responsabilidades federales y la seguridad pública.
Los defensores de la Ley de Seguridad en Estados Unidos la consideran una medida fundamental para mantener la seguridad fronteriza y hacer cumplir las leyes de inmigración durante la actual administración.
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