Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
Un informe de las Naciones Unidas documenta que representantes de la sociedad civil —entre ellos defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y sindicalistas— han sufrido represión por parte de actores estatales y no estatales mientras cooperaban con la ONU en materia de derechos humanos entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. Se destacan casos de 32 países, aunque el informe advierte que muchas violaciones no se denuncian por temor a sufrir más daños o por solicitudes de anonimato. La Subsecretaria General de Derechos Humanos, Claudia Fuentes Julio, hizo hincapié en que la defensa de los derechos humanos no debe comprometer la seguridad personal, y señaló un entorno hostil con un espacio cívico cada vez más reducido y una mayor vigilancia en línea y fuera de línea que dificulta la cooperación con la ONU y sus mecanismos.
El informe destaca una tendencia creciente de intimidación transfronteriza, donde los actores de la sociedad civil son blanco de ataques fuera de sus países de origen. Al menos 43 personas y cuatro organizaciones sufrieron detención arbitraria, ataques físicos, vigilancia digital y física, amenazas, acoso en línea, restricciones de movimiento y confiscación de pasaportes. Los familiares de estos actores también han sido intimidados. Las tecnologías digitales se utilizan cada vez más para monitorear y silenciar a quienes colaboran con organismos internacionales de derechos humanos.
Más de la mitad de los países mencionados han promulgado o modificado leyes que penalizan o restringen actividades fundamentales de la sociedad civil. El informe identifica el uso indebido de la legislación antiterrorista, de ciberdelincuencia y de seguridad nacional como una preocupación importante, en particular para los jóvenes activistas, las mujeres, los defensores del medio ambiente y los pueblos indígenas, quienes enfrentan mayores riesgos al interactuar con la ONU o al defender sus comunidades y entornos.
También se documentan los esfuerzos por bloquear o retrasar la acreditación y acosar a los participantes de la sociedad civil en las reuniones de la ONU. El informe señala ataques dirigidos contra expertos independientes en derechos humanos, incluidos los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales de la ONU.