Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
La Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y UNICEF Chile han presentado el Manual Metodológico: Diálogos para el Aprendizaje y la Transformación. Esta herramienta está diseñada para prevenir y abordar la violencia escolar mediante la participación de estudiantes, docentes, directivos escolares, familias y comunidades educativas de toda América Latina y el Caribe. El manual se basa en una experiencia piloto realizada en 2025 con 11 instituciones educativas de la Región de Valparaíso, Chile, y está estructurado para su aplicación regional más amplia.
La iniciativa fue liderada por el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso con el apoyo de la UNESCO, UNICEF y el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el marco del Congreso Mundial sobre Convivencia Escolar organizado por el Observatorio Internacional para el Clima Escolar y la Prevención de la Violencia. Las comunidades participantes entablaron diálogos intergeneracionales para identificar las formas de violencia en sus escuelas, analizar los factores de protección y las vulnerabilidades, y elaborar propuestas adaptadas para mejorar la convivencia y el bienestar.
El manual promueve un cambio de los diagnósticos generales a los procesos participativos, lo que permite a cada comunidad educativa reconocer formas específicas de violencia, evaluar sus impactos y desarrollar respuestas colectivas. Prioriza las voces de niños, niñas y adolescentes para diseñar soluciones sostenibles vinculadas a la gestión institucional. El proceso consta de tres etapas: un taller de diagnóstico intergeneracional, un taller colaborativo para diseñar acciones y una sesión pública para presentar propuestas y compromisos.
El manual aborda cinco áreas de violencia: violencia ejercida por docentes u otros adultos en las escuelas, violencia entre pares, violencia en el entorno digital, violencia en el entorno familiar y violencia comunitaria que afecta a las comunidades educativas. Asimismo, proporciona directrices éticas y de protección para garantizar la participación segura de niños, niñas y adolescentes, incluyendo el consentimiento informado, protocolos para responder ante violaciones de derechos, la designación de coordinadores de protección, medidas de confidencialidad y orientación para prevenir la revictimización.