La ONU insta a que se retomen las medidas relativas al tratado sobre la prohibición de las minas terrestres, ya que persisten las víctimas.

Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.

Las Naciones Unidas han instado a los Estados a reafirmar su compromiso con el Tratado sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, también conocido como la Convención de Ottawa, debido a los daños que siguen causando las minas terrestres. Más de 58 Estados y territorios siguen afectados por estas armas, diseñadas para detonar al contacto, algunas de las cuales datan de las Guerras Mundiales y otras aún se encuentran almacenadas en depósitos nacionales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, es preocupante que, casi 30 años después de la entrada en vigor del tratado, las minas antipersona sigan causando muertes y lesiones, a menudo décadas después de su colocación. Subrayó la necesidad de que los Estados pongan fin a la producción, el uso y la transferencia de estas minas, y que refuercen la cooperación para la limpieza de la contaminación existente.

Los datos de 2024 muestran que al menos 1945 personas murieron y 4325 resultaron heridas por minas terrestres y restos explosivos de guerra. El mayor número de víctimas se registró en Myanmar, Siria, Afganistán, Ucrania, Nigeria, Malí, Yemen y Burkina Faso. Los civiles representan aproximadamente el 90 % de las víctimas, y los niños constituyen más del 40 % de las víctimas civiles registradas desde 1999.

Las lesiones causadas por minas terrestres suelen provocar amputaciones, ceguera y pérdida de audición, y los niños sufren traumatismos más graves y presentan mayores tasas de mortalidad que los adultos. La presencia de minas a menudo hace que ciertas zonas sean inaccesibles, bloqueando el acceso a servicios esenciales y ayuda humanitaria, e incrementando los riesgos de desplazamiento. Las tierras de cultivo contaminadas por minas contribuyen a la inseguridad alimentaria y a las dificultades económicas, mientras que los explosivos cerca de las escuelas han puesto en peligro a los niños y han interrumpido la educación. Además, la contaminación obstaculiza el desarrollo económico y los esfuerzos de recuperación tras un conflicto.

Actualmente, 162 Estados son partes de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, que se abrió a la firma en 1997. Sin embargo, el uso continuado de estas armas por parte de algunos Estados y actores no estatales pone de relieve la necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para eliminar su impacto.