Nota: Informe de una sola fuente; pendiente de corroboración.
Las Naciones Unidas reafirmaron la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) en el sistema de justicia mundial durante una rueda de prensa celebrada el 13 de julio de 2026. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, declaró que, si bien la CPI es independiente de la Secretaría de la ONU, cuenta con el apoyo de muchos Estados Miembros y contribuye a garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), alegando preocupaciones sobre la soberanía y la posibilidad de que el tribunal anule los sistemas jurídicos nacionales. Rubio expuso su postura en un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal, donde recalcó que Estados Unidos nunca aceptó someterse a un tribunal internacional que pudiera suplantar a sus tribunales y su Constitución, y anunció una campaña diplomática que promueve la soberanía estatal frente al globalismo.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998. La Corte procesa a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, y tiene su sede en La Haya, Países Bajos. En 2025, Estados Unidos impuso sanciones a nueve miembros de la CPI, incluidos jueces y fiscales, relacionados con investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Israel en Gaza.
Respecto a las críticas al derecho internacional, al que se tacha de «sacerdocio autoproclamado», el portavoz de la ONU recalcó que el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron creadas por Estados miembros soberanos y han brindado protección a millones de personas. Sin embargo, según el Secretario General, estas normas siguen estando amenazadas.